Declaración Institucional.
El 22 de febrero de 2019, el Consejo de Ministros declaró el 3 de mayo como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Esta Convención, reconocida como un tratado internacional de derechos humanos de obligado cumplimiento, orienta a los Estados en la adopción de políticas basadas en un enfoque de derechos humanos en materia de discapacidad.
España ratificó este tratado en 2007 e incorporó su contenido al ordenamiento jurídico el 3 de mayo de 2008. Desde entonces, ha supuesto un avance significativo en la garantía de derechos para las personas con discapacidad. Entre sus principales logros destacan su integración en el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos fundamentales y la creación de un marco legal exigible.
La Convención se sustenta en principios esenciales como la dignidad, la autonomía, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad y la participación inclusiva. Además, promueve la igualdad de género y el respeto a la identidad y el desarrollo de la infancia con discapacidad, principios que deben aplicarse de manera transversal en la defensa y garantía de los derechos reconocidos en el tratado.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de cuatro millones de personas con discapacidad. Sin embargo, solo una de cada cuatro en edad laboral tiene empleo. Además, un millón y medio de personas enfrenta barreras para desplazarse en su vivienda, su edificio y sus accesos, dificultades que también afectan a los espacios públicos, las ciudades y el acceso a las nuevas tecnologías y la comunicación.
El diseño de entornos, productos y servicios sigue respondiendo mayoritariamente a un modelo basado en la ausencia de discapacidad o de necesidad de apoyo. Esta visión genera barreras que limitan la participación plena de las personas con discapacidad y perpetúa situaciones de discriminación.
La Convención contribuye a visibilizar a las personas con discapacidad, reconociendo su dignidad, su valor y su libertad. Asimismo, impulsa un cambio de perspectiva en la sociedad: donde antes se ponía el énfasis en la discapacidad, ahora se prioriza el reconocimiento de sus capacidades, su vida en comunidad y su derecho a desarrollar su propio proyecto de vida.
La conmemoración de este día busca sensibilizar sobre la importancia de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España y resaltar el papel de la Convención como referencia clave en el desarrollo de políticas públicas y reformas legislativas en materia de discapacidad.
Un avance significativo en esta línea ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, alineado ahora con los principios de la Convención. Tanto esta reforma como el tratado comparten un mismo objetivo: garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, eliminando barreras y fomentando su inclusión real y efectiva en la sociedad.
Además, en 2024 el Parlamento Europeo aprobó la directiva que regula la tarjeta europea de discapacidad y actualiza la tarjeta de estacionamiento reservado para personas con discapacidad en toda la Unión Europea. Esta regulación supone un avance importante al establecer un estatuto europeo que reconoce los derechos de este colectivo más allá de la normativa específica de cada Estado.
Este 3 de mayo, la FEMP reafirma su compromiso con los principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y hace un llamamiento a los Gobiernos Locales para que formulen sus políticas desde un enfoque basado en los derechos humanos, por ello:
• Instamos a las entidades locales a garantizar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural de nuestros municipios y ciudades.
• Solicitamos a las entidades locales que contribuyan a la lucha contra la discriminación laboral de las personas con discapacidad para que tengan las mismas oportunidades de que el resto de la población para su desarrollo profesional y personal.
• Instamos a las entidades locales a cumplir con la reserva de plazas ofertadas de empleo público para personas con discapacidad según lo establecido legalmente y a realizar acciones para el impulso de su contratación por parte del sector empresarial.
• Llamamos a los Gobiernos Locales a promover la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan a su vida y a su comunidad. Es fundamental garantizar su representación en los órganos de consulta y en el diseño de políticas públicas que impacten en su bienestar, reforzando así el principio de autonomía y autodeterminación.
• Instamos a los Gobiernos Locales a impulsar políticas públicas de vivienda que garanticen el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a una vivienda digna, accesible y adaptada a sus necesidades. Es fundamental fomentar la rehabilitación y adaptación del parque de viviendas existente, así como el desarrollo de nuevas fórmulas habitacionales inclusivas, como viviendas con apoyos, modelos colaborativos o soluciones de cohousing, que favorezcan la autonomía y la vida independiente en la comunidad.
• Animamos a las entidades locales a invertir en entornos accesibles y en el desarrollo de soluciones innovadoras que favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad. Desde la adaptación de los espacios urbanos hasta la incorporación de tecnologías accesibles, es imprescindible avanzar hacia ciudades diseñadas para todas las personas, sin excepciones ni barreras. La accesibilidad universal debe ser un pilar esencial en el urbanismo y la planificación de nuestros municipios.
• Solicitamos a las entidades locales que cumplan con los principios rectores y las disposiciones establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Solo desde la acción local podremos construir una sociedad más inclusiva y justa para todas las personas, donde la diversidad sea reconocida como un valor y cada persona pueda desarrollar su vida con autonomía, igualdad y dignidad. Es momento de transformar el compromiso en acciones concretas que garanticen un futuro sin barreras ni exclusiones.
